La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló este lunes que el Estado colombiano ha cumplido a medias las medidas de reparación tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que lo halló responsable de la muerte del periodista Nelson Carvajal.

La SIP, con sede en Miami, señaló que "siguen sin cumplirse en su totalidad ni en el plazo estipulado" las investigaciones y el proceso judicial, la atención de salud para las víctimas y la compensación por daños materiales e inmateriales.

La organización junto con el Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights) evaluaron el cumplimiento del Estado colombiano de la "histórica sentencia" de la corte de hace un año por la muerte de Carvajal y la violación del derecho a la libertad de expresión del periodista.

No obstante, destacaron que el Estado colombiano sí cumplió con la celebración de un acto público con la presencia de 18 miembros de la familia Carvajal, en el que reconoció su responsabilidad, ordenada por el tribunal.

Ambas organizaciones destacaron la buena voluntad y disposición del Estado, así como lo expresado por el presidente de Colombia, Iván Duque, en un discurso en el que "asumió la responsabilidad internacional por el caso y expresó que el gobierno cumplirá con todas las obligaciones emanadas de la sentencia".

Carvajal fue asesinado a tiros por un desconocido el 16 de abril de 1998, a la edad de 37 años, en Pitalito (Huila), en el sur del país.

La SIP señaló que otros casos de Colombia que evalúan, junto a la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), es el de Guillermo Cano, director de El Espectador asesinado en 1986, por el cual a fines de mayo fueron procesados dos sospechosos por su presunta participación en el crimen.

Tanto por el caso Cano como en el del periodista deportivo Carlos Lajud Catalán, asesinado en 1993 en Barranquilla (norte de Colombia), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formuló recomendaciones al Estado de Colombia que, entre otras, contemplan que se investigue, juzgue y sancione a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos.

Las organizaciones instan al Gobierno colombiano a cumplir en su totalidad con las recomendaciones.

EFE